En la mayor parte de los países del mundo no hace falta ninguna autorización administrativa para poner en marcha un hotspot wi-fi, lo que explica en parte la eclosión de esta tecnología. Sin embargo, los gobiernos de Francia y Nueva York pretenden regularlo para, a su juicio, evitar que se convierta en un paraíso de hackers y terroristas.La propuesta francesa obliga a todo aquel que abra su wi-fi al público a comunicarlo previamente a la Policía, además de guardar todos los registros (logs) de las conexiones realizadas por terceros. Un hotel o una sala de congresos que ofrezca acceso a Internet inalámbrico tendría que cumplir estos requisitos. Incluso los clientes de Fon se verían afectados.En el caso del Estado de Nueva York, el objetivo de la regulación son los wi-fis abiertos, muchas veces por desconocimiento y otras voluntariamente. Aproximadamente, la mitad de los hotspots están en esta situación, lo que facilita su uso ilícito por parte de bandas de ladrones de datos bancarios o de terroristas. La regulación pretende obligar, por ahora sólo a empresas y organizaciones, a poner un firewall en sus routers para evitar el uso no autorizado de su red wi-fi.
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